SALUD PÚBLICA: tareas pendientes para el nuevo gobierno

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La última legislatura ha estado irremediablemente protagonizada por la pandemia de COVID-19, cuyo balance en términos de fallecimientos supera las 120.000 personas. La pandemia ha supuesto un auténtico “test de estrés” para el Sistema Nacional de Salud (SNS), y ha puesto de manifiesto los problemas estructurales que subyacían hasta el momento, y que pese al repetido diagnóstico de expertos y organizaciones de todo tipo no habían sido abordados. La debilidad de las estructuras de salud pública es uno de esos problemas. Como respuesta a la crisis sanitaria vivida se pusieron en marcha reformas importantes, una parte de las cuales se ha visto interrumpida como consecuencia de la convocatoria de las elecciones generales del 23-J. Parece necesario destacar, en primer lugar, la paralización del Proyecto de Ley por la que se crea la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP), que vuelve a la casilla de salida a causa del calendario político. Pieza esencial en lo que debe ser la salud pública del siglo XXI, no es solo importante que se retome su creación, sino que se dote a la Agencia de las características necesarias para hacer de ella un organismo eficaz. Tal y como ya señaló SESPAS en las aportaciones al anteproyecto de Ley en su día, “la Ley debería asegurar que la AESAP sea el centro real de la salud pública en España y que, independientemente del color político, asegure el trabajo científico y la solvencia técnica de sus miembros sin menoscabo de que la autoridad sanitaria decida si aceptar sus propuestas o impulsar sus iniciativas”. Para ello hay que definir correctamente los siguientes elementos: la forma en que será elegida la dirección de la agencia, sus organismos de control y participación social, y los cauces de rendición de cuentas y transparencia. Más allá de la AESAP, habrá que retomar otros proyectos normativos que se han quedado a mitad de camino. Es el caso del Real Decreto por el que se regula y aprueba la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública, que ampliará la vigilancia más allá de las enfermedades transmisibles, incorporando por tanto los determinantes sociales de la salud. Sin ánimo de exhaustividad, otros proyectos relevantes a retomar incluyen la plena garantía de la universalidad de la cobertura sanitaria (asunto este tratado por el Proyecto de Ley por la que se modifican diversas normas para consolidar la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud), o la reforma del Estatuto Marco, que ha de dotar al SNS de la flexibilidad que requiere para gestionar el principal activo de nuestro sistema de salud: las y los profesionales.

Por último, merece la pena destacar que sigue pendiente la publicación del informe independiente sobre la evaluación del desempeño del Sistema Nacional de Salud español frente a la pandemia de COVID-19, que fue encargado por el Consejo Interterritorial del SNS y comenzó a elaborarse en 2021. Habría sido conveniente hacerlo público antes de las elecciones del 23-J, porque el informe contiene numerosas recomendaciones para afrontar mejor una futura posible crisis de salud pública, algunas de las cuales precisarán de desarrollos legislativos, y que deberían marcar las reformas a abordar en la salud pública durante los próximos años. Instamos al nuevo gobierno a desarrollar con urgencia la agenda pendiente aquí comentada. Por la salud de todas y todos.

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