PERO ¿TÚ ERES UNA ENFERMERA DE VERDAD?

Resumen

Esta pregunta me la hicieron al poco de iniciar mi carrera laboral como enfermera en un centro educativo. Lo mismo le ocurrió a una alumna de Enfermería, comprometida con las causas sociales, que un día me dijo: “Idoia, ¿sabes que me dicen?, que en lugar de enfermera debería ser política”.

Unos años han pasado ya, y a veces de manera explícita y otras no tanto, la pregunta se repite: “y tú, ¿eres enfermera? Supongo que algo tiene que ver con que mi trabajo con personas y grupos en situación de vulnerabilidad social, mujeres en la mayoría de los casos, no sea visto como trabajo enfermero.

El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de las Mujeres, un día de lucha por la igualdad, la participación y la consolidación del poder de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad.Cierto es que, podemos considerar que se ha producido un gran avance, pero también es evidente que ningún país ha alcanzado aún la igualdad entre hombres y mujeres. Prueba constante de la desigualdad son las alarmantes cifras que nos arroja cada día la violencia de género. Ésta, definida en España como “todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de la libertad” y considerada, como “una manifestación de la desigualdad y las relaciones de poder y que causa grandes daños en la salud de las mujeres” (Ley Orgánica 1/2004), tiene variadas manifestaciones:

Los datos de los que se disponen en España sobre la violencia de género1 reflejan que desde el año 2003 hasta el 2020 son 1.078 mujeres las que han sido asesinadas por el simple hecho de serlo.
Al menos 200 millones de mujeres y niñas en el mundo son supervivientes de la práctica de la mutilación genital femenina2 y, en España, más de 3.650 niñas entre 0 y 14 años están actualmente en riesgo de sufrirla según el estudio “La mutilación genital femenina en España”, de la Fundación Wassu-UAB3.
Aún persiste la práctica de los matrimonios forzosos: Según cálculos de las Naciones Unidas, en la actualidad unos 700 millones de chicas del mundo han sido obligadas a casarse antes de alcanzar la mayoría de edad. También en España, se tiene constancia de que al menos 400 niñas,de entre 10 a 16 años de edad, son obligadas a hacerlo (tal vez muchas más, porque ésta también es una realidad oculta)4.
Los datos de Naciones Unidas y de la Unión Europea indican que las mujeres y las niñas representan el 71% de las víctimas de trata detectadas en todo el mundo y el 80 % de las identificadas en Europa occidental; el 95% de ellas acaban explotadas para la prostitución. Según el balance estadístico 2014-2018 del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) del Ministerio del Interior4, en España en 2018 hubo un total de 128 mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual. Evidentemente, esta cifra no recoge todos los casos, y también, es enormemente difícil estimar el número de mujeres prostituidas.

Ante esto: ¿Qué rol tenemos las enfermeras en el abordaje de la Violencia de Género?

El Código deontológico del Consejo Internacional de Enfermería (CIE) dice que “la enfermera compartirá con la sociedad la responsabilidad de iniciar y mantener toda acción encaminada a satisfacer las necesidades de salud y sociales del público, en particular las de las poblaciones vulnerables”5.

Así, las enfermeras tenemos la responsabilidad de combatir estas vulneraciones de los derechos de las mujeres, aportando la esencia de nuestra profesión: la perspectiva del cuidado. Debemos asumir responsabilidades profesionales en este campo, más allá de las derivadas del cuidado individual y grupal, e incorporar un estilo de trabajo que no es otro que el de la cotidianidad con el compromiso social. El compromiso es solidaridad, acercamiento a las personas y constancia, entendida como tener en cuenta,  continuamente, las necesidades y el apoyo mutuo. Más allá de ese acompañamiento, la perspectiva del cuidado posee una dimensión política innegable, transformadora de las causas que originan las desigualdades, las injusticias, las inequidades en salud.

En esta línea, Rosamaría Alberdi incorpora el concepto de la competencia política enfermera, definiéndola como «la capacidad para intervenir en la redacción, desarrollo y gestión de las políticas públicas con el objetivo de cambiar las condiciones que producen inequidad»6. El desarrollo de esta competencia enfermera supone trabajar de manera interdisciplinar con quienes están cerca de las mujeres que son víctimas de las violencias y con quienes tienen el poder de realizar los cambios estructurales y legislativos para transformar las condiciones sociales que causan estas injusticias.

La legitimidad de la aportación de la perspectiva del cuidado enfermero en este ámbito viene determinada por nuestra formación y por la estrecha relación que mantenemos con las personas en el desarrollo de nuestro trabajo.

Así que, sí, me siento enfermera de verdad cuando estoy cerca de las supervivientes de la mutilación genital femenina, de las supervivientes de la trata con fines de explotación sexual y de quienes son prostituidas. Acompañarlas en el proceso de reconocimiento de sus derechos y en la adquisición de habilidades para defenderlos es mi labor enfermera.Y cuando investigo sobre su situación para extraer evidencias de las vulneraciones que sufren. Y cuando, basándome en esas evidencias, realizo actividades de sensibilización y formación a profesionales de la salud, del ámbito educativo o del social, actúo como enfermera docente.Y cuando hago incidencia política, elevando las razones, los motivos de preocupación y las propuestas de acción ante quienes tienen el poder de realizar los cambios estructurales y normativos que evitarán estas injusticias, soy enfermera.

La mía es una mirada enfermera, desde la que defiendo el derecho a la salud para todas las personas.Y también es una mirada feminista, porque estoy convencida de que el feminismo es la herramienta principal en el camino hacia una sociedad basada en la justicia social, en la que todas las personas tengan reconocidos sus derechos y puedan ejercerlos.

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