Las enfermeras defienden la gratuidad de las mascarillas, incluso las FFP2, para los colectivos más desfavorecidos

• Independientemente de que se haya decidido reducir el IVA al 4%, lo lógico sería aplicar un régimen que tenga en cuenta la renta y condiciones socioeconómicas de cada individuo como, por ejemplo, no tener trabajo. Es decir, seguir la línea de los medicamentos y productos sanitarios reembolsables.
• Para una familia media, el gasto anual en mascarillas puede alcanzar los 1.500 euros.
• La mascarilla es uno de los elementos más importantes, para la prevención del contagio y el control de la pandemia. Son productos esenciales y en esta emergencia deberían estar alcance de todos. Hay familias que tienen que elegir entre comprar alimentos o productos sanitarios y medicamentos que necesitan.
• “Lo ideal sería incluso que la población tenga acceso a muy bajo precio a las mascarillas autofiltrantes de alta protección, conocidas como FFP2, incluso que se les facilitasen de forma gratuita también. La plena gratuidad sería un escenario deseable, al menos, las mascarillas quirúrgicas, pero merece la pena ir más allá porque están muchas vidas en juego”, asegura el presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya.

Madrid, 12 de noviembre de 2020.- La reducción del IVA a las mascarillas que va a aprobar el Gobierno es bienvenida por parte del Consejo General de Enfermería de España. Sin embargo, además de llegar quizá un poco tarde, puede ser una medida que se quede corta en la lucha contra la emergencia sanitaria y social que vive nuestro país. La mascarilla es uno de los elementos más importantes para la prevención del contagio y el control de la pandemia, pero para
lograr que sea efectiva es necesario usarla de forma correcta. La prolongación del uso de las mascarillas es uno de los errores más frecuentes que comete la población, muchas veces por la imposibilidad económica que tienen para adquirirlas, y esto genera un problema de salud pública, ya que ni están protegidos ni evitan la transmisión del virus a los demás. Por este motivo, es primordial crear mecanismos que garanticen el acceso a estos productos en función a las
necesidades de protección y circunstancias socioeconómicas particulares que pueda tener cada individuo. Cabe recordar que una familia de cuatro miembros puede gastar al año unos 1.500 euros en mascarillas, según algunas estimaciones.

Muchos ciudadanos no pueden comprarse las mascarillas necesarias para hacer un buen aislamiento de la vía área, y las están utilizando muy por encima del tiempo útil de uso, incluso reciclándolas de forma inadecuada, lo que hace que estas personas lleven una mascarilla que no sirve para nada, siendo un problema enorme de salud pública. El facilitar el acceso y la disponibilidad de mascarillas es invertir en salud y en un buen control de la pandemia.

Desde el Consejo General se considera, además, que el Gobierno debe establecer una limitación del precio de las mascarillas autofiltrantes (es decir, las conocidas como tipo FFP2) estableciendo un tope máximo, como ya hizo con las quirúrgicas. Porque estamos ante una situación de emergencia nacional y es inconcebible que la venta de estas mascarillas en las oficinas de farmacia y otros comercios siga realizándose en base a precios y colores y no a la calidad y nivel de protección que necesita la población. Por ello, la venta debería estar orientada a criterios técnicos y necesidades poblacionales. Además, debería garantizarse la homologación y calidad de las mismas y evitar a toda costa la especulación con ellas.

Vidas en juego

“Otra solución radicaría en facilitar un numero de mascarillas al mes a la población, al menos a colectivos vulnerables. Sólo así se podrá garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a una de las medidas de protección más eficaces de esta pandemia. Sería recomendable incluso crear estrategias de ayuda económica para la compra de este de productos en función de las posibilidades y recursos de las familias, tal y como ocurre ya con los medicamentos y productos sanitarios financiados. Respecto a la plena gratuidad para todos los ciudadanos, lo consideramos como un escenario magnífico, pero entendemos que puede resultar económicamente insostenible, más aún cuando se va a tener que afrontar el coste de vacunar a toda la población. En cualquier caso, merece la pena ir más allá de la reducción del IVA, porque están en juego muchas vidas”, asegura Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería.

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