Editorial: La formación en sexualidad de las y los profesionales de Ciencias de la Salud

Resumen

La OMS define la sexualidad como «un aspecto central de la persona a lo largo de su vida que engloba el sexo, la identidad de género  los roles, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción, que se vive y se expresa en pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, roles y relaciones. Aunque la sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no todas ellas se experimentan o expresan siempre. La sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales». (OMS, 2002).

Esta definición permite diferenciar actividad sexual del sexo que hace referencia a los componentes del aparato genital y a los  aspectos biológicos que hacen que seamos personas sexuadas con un aspecto físico y unas características determinadas; entender el hecho sexual y la capacidad de elaborar las identidades sexuales y de género que posibilitan la orientación del deseo desde una visión abierta que contempla la diversidad en sus múltiples manifestaciones…

Esta presentación de la sexualidad desde la complejidad requiere formación en sexología y en educación sexual por parte de las personas dedicadas al cuidado, fomento, prevención y educación para la salud de las personas.

La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, expresa la necesidad de formación en sexualidad de los profesionales de las ciencias de la salud (Art.8), la incorporación de la educación sexual en todo el sistema educativo (Art.9) y el desarrollo de la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva con criterios de calidad y equidad en el Sistema Nacional de Salud, con énfasis en jóvenes, adolescentes y colectivos de especiales necesidades. Tendrá una duración de cinco años y establecerá mecanismos de evaluación bienal que permitan la valoración de resultados y en particular del acceso universal a la salud sexual y reproductiva (Art. 11).

Esta Estrategia diseñada en octubre de 2010 por el anterior Ministerio de Salud, Política Social e Igualdad (hoy, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social), con el consenso de las sociedades científicas y profesionales, organizaciones sociales, personas expertas y Comunidades Autónomas, ha tenido una aplicación en salud sexual prácticamente nula y con deficiencias en su implantación en las diferentes Comunidades. Actualizada este año 2019, el comité técnico e institucional para el desarrollo de la Ley ha nombrado un Comité Evaluador de Buenas Prácticas en Salud Sexual para valorar los diferentes programas existentes con criterios de idoneidad.

La Estrategia, herramienta fundamental para avanzar en los derechos sexuales y reproductivos de la ciudadanía, pone de manifiesto una asignatura pendiente: la necesidad de abordar temas como el impacto de las enfermedades crónicas y la discapacidad en la salud sexual.

Los programas de educación sexual que pasarán este Comité Evaluador intentan adscribirse a los criterios de la edición revisada de 2018 de la UNESCO para la educación sexual, que «debe ser científicamente precisa, gradual, adecuada a cada edad y etapa de desarrollo, con base en un currículo que abarque objetivos, conceptos y mensajes clave con una base estructurada, impartida dentro y fuera de entornos educativos, integral, basada en un enfoque de derechos humanos e igualdad de género, relevante en relación con la
cultura y adecuada al contexto y transformativa, que contribuya a la formación de una sociedad justa y solidaria al empoderar a las personas y comunidades, promocionar aptitudes de pensamiento crítico y fortalecer una ciudadanía activa».

Desde esta visión, disponer de una eduacación sexual de calidad hace posible que la sexualidad se viva en libertad, basada en la  comunicación, el respeto y el placer, además de dotar a las personas de conocimientos y estrategias que les ayuden en el  funcionamiento normal de la actividad sexual.

Los beneficios serán especialmente relevantes en el caso de los grupos más vulnerables: las personas con discapacidad/diversidad funcional, las personas LGTBI+,migrantes o quienes sufren violencia sexual.

Además, a los profesionales les facilitaría el diseño de materiales y herramientas para conocer los determinantes sociales y de
género de las necesidades y distintas realidades de la sexualidad de las personas, con la mejora de la calidad de la intervención sanitaria, la promoción, la investigación…

Por otra parte, la falta de educación sexual no elimina la necesidad de la ciudadanía de obtener información sobre sexualidad, cosa que hará por vías no contrastadas y de escasa fiabilidad, como la pornografía, webs, chats, redes de dudosa credibilidad… que
pueden dar como resultado una banalización de la actividad sexual, una desvalorización de las mujeres, con representaciones de agresiones sexuales y relaciones de poder y desigualdad, además de otras consecuencias muy alejadas de lo que la sexualidad debería representar en la vida de las personas.

No deja de ser sorprendente y cuando menos preocupante que bien entrado ya el siglo XXI siga sin darse una respuesta adecuada a la necesidad e importancia de la formación en sexualidad de las personas con profesiones sanitarias.

Nuestras hijas e hijos, igual que las personas adultas y mayores, merecen atención por parte de profesionales con una formación en sexualidad de excelencia, que les ayude a generar relaciones de igualdad con vinculaciones afectivas basadas en el respeto, el consenso y la negociación; valores todos ellos deseados y necesarios para conseguir una sociedad formada por personas
libres y felices.

Manuscrito