Crisis de la prestación farmacéutica en los centros penitenciarios: el tratamiento de la hepatitis C

Resumen

La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) aprobó, en 2011, dos medicamentos inhibidores específicos de la proteasa del virus causante de la hepatitis C especialmente aconsejados para tratar la enfermedad crónica del genotipo 1: el boceprevir (BCP) y el telaprevir (TLP). Su combinación con la doble terapia clásica, a través del interferón alfa pegilado y la ribavirina, permitió constatar una notable evolución en el tratamiento de los pacientes, que de una respuesta viral sostenida de entorno al 50 % pasó a una expectativa de vida del 75 %^1,2.

La crisis del tratamiento de la hepatitis C como detonante del problema de la prestación farmacéutica en el entorno penitenciario
Las denuncias de los afectados, sus familias, asociaciones y ONGs trascendieron, desde las protestas en la calle y los ecos en los medios de comunicación, al debate político, la queja administrativa y la vía judicial. Así, en la respuesta efectuada por el Gobierno a la pregunta escrita presentada en el Congreso el 7 de enero de 2014, tras afirmar que su dispensación no corresponde a la Administración Penitenciaria, de conformidad con cuanto prevé el artículo 209. 3º de Real Decreto 190/1996, de 1990 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario (RP), al tratarse de medicamentos de uso hospitalario, se da cuenta de la lamentable situación de los internos: únicamente 35 estaban a la espera de iniciar el tratamiento de triple terapia, la cual se había de administrar en el único establecimiento que contaba con unidades adecuadas al efecto –el Hospital Gregorio Marañón—, con previsiones de ampliar los destinatarios en función de las disponibilidades presupuestarias –al tratarse de un medicamento “de alto impacto social y económico”— y poder habilitar nuevas unidades de las características exigidas en otros hospitales¹⁰.

Conclusiones
Incumplimiento de la normativa básica que impone la trasferencia de los servicios médicos de los centros penitenciarios al Sistema Nacional de Salud (y pérdida de la equidad nacional al comparar la situación con las dos comunidades autónomas que sí han asumido la gestión), calificación de los medicamentos sin traslación a la normativa penitenciaria, desconcierto en la atención médica (por falta de la imprescindible coordinación en los convenios firmados por las administraciones competentes) e infradotación en la prestación farmacéutica

Manuscrito